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La comunicación gubernamental en una sociedad democrática se basa en el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados y en la obligación del gobierno de transparentar sus acciones y rendir cuentas. Asimismo, la comunicación gubernamental debe procurar establecer un canal de doble vía donde los ciudadanos tengan la posibilidad de comunicar sus inquietudes y que la comunicación no se limite a la información que difunde el gobierno. Es decir, la comunicación gubernamental debe buscar que la población participe del debate y la búsqueda de soluciones a las problemáticas colectivas. La comunicación, vista desde esta perspectiva, es una herramienta eficaz para la generación de consensos y para la legitimación de las acciones de gobierno.
En este último punto, nuestros gobiernos –federal, estatal y municipal– aún no han visto la importante área de oportunidad que tienen ante sí para mejorar su gestión. La comunicación es concebida por estas autoridades como una extensión del marketing electoral que fabrica y exalta atributos positivos y minimiza u oculta los atributos negativos de las figuras que detentan el poder. La comunicación es para ellos una estrategia incesante de mensajes que dan cuenta de los resultados o de las acciones ya tomadas, un bombardeo que pretende ser, de una manera absurdamente simplificada- una supuesta rendición de cuentas.
Este tipo de comunicación tiene como principales herramientas el espot, el eslogan, la publicidad y la dictadura de la imagen en detrimento del contenido, herramientas que requieren de la compra de espacios en los medios de comunicación, situación que le reporta a los gobernantes enormes beneficios no sólo directos de la presencia mediática, sino también de la cobertura favorable que los medios hacen de aquellos gobiernos, que discrecionalmente compran publicidad sin que medien criterios claros.
¿Es importante que los gobiernos comuniquen las acciones emprendidas y los resultados obtenidos? ¿Es necesario que los gobernantes difundan los temas que son de su interés y luchen por fijar los temas en la agenda pública? ¿Es importante la construcción y promoción de la imagen del gobernante o de la imagen institucional? Por supuesto que sí. Todos ellos son asuntos que no deben pasar desapercibidos por los gobernantes, deben para esto concentrar esfuerzos y destinar recursos, el asunto es que la comunicación gubernamental no debe limitarse exclusivamente a estos puntos y el manejo de los recursos debe ser transparente.
En común que a nuestros gobiernos se les olvide que sus políticas deben ser aceptadas socialmente por la mayor cantidad de personas. Toman decisiones sin que les importe la opinión, y en ocasiones, ni las consecuencias que estas decisiones les pueden acarrear a los individuos que, en teoría, son los dueños del poder que ceden a un grupo de individuos que -a través de una supuesta representación- materializarán sus aspiraciones, inquietudes y necesidades.
Los gobiernos actuales traducen sus objetivos de comunicación en un concurso de popularidad que se proponen ganar a toda costa; para ello, los estudios de opinión sólo les sirven para conocer el estado de la aceptación de la figura, o los puntos de la popularidad volátil que tiene ante sus ciudadanos, y ya en un esquema más “sofisticado”, indagan sobre las fortalezas y debilidades del gobierno. Casi nunca, los estudios de opinión les sirven como herramienta que pueda indicarles cuales son los temas y las prioridades ciudadanas, y menos aún, complementar con investigación cualitativa que les permita entender las razones de las motivaciones ciudadanas. Por otra parte, es muy raro que la agenda de los ciudadanos sea la agenda del gobierno, y por lo general es más común, que la agenda de los medios, sea la agenda del gobierno.
La comunicación gubernamental debe tener presente que las acciones de gobierno repercuten directa o indirectamente en la calidad de vida de los ciudadanos, que en un régimen democrático, la elección de la autoridad que ejercerá el poder, no es un cheque en blanco que puede utilizar a su antojo sin reportar su uso y destino. La autoridad debe considerar en todo momento que la legitimidad y eficacia de sus acciones se traduce en gobernabilidad para todos, por lo que la toma de decisiones en las políticas públicas -que serán más adecuadas para atender las necesidades de la población- deben surgir de la deliberación y el consenso con individuos que son ciudadanos activos y no audiencias en calidad de consumidores pasivos. En síntesis, comunicar no necesariamente es gobernar, en cambio, gobernar definitivamente sí es comunicar.
La Jornada Jalisco, 26 de Febrero de 2008
